El comunicado de Sebastián Martínez Solás dice lo siguiente:
Tras la aparición en los medios de comunicación de la sentencia interpuesta por mi expulsión de IU, hago las siguientes consideraciones.
En febrero de este año interpuse una demanda contra mi expulsión de dicha organización, expulsión que consideraba, y sigo considerando, injusta. En la demanda se pedía la anulación de dicha sanción. Ni más, ni menos.
La Sra. Jueza ha entendido que no debía entrar en las cuestiones materiales (fundamentalmente de carácter económico) por las que se me sancionaba y se ha limitado a observar que el procedimiento sancionador se había llevado a cabo en cumplimiento de los Estatutos de IULV-CA, sin valorar si los Estatutos vigentes entonces podían incurrir en algún vacío jurídico puesto que no han sido impugnados ni denunciados como tales. Es un criterio el de Su Señoría que no cabe sino respetar y, en su caso, acatar o recurrirlo, como aún puede hacerse.
Por otro lado, en los interrogatorios del juicio y en la documentación aportada para el mismo quedaron suficientemente acreditadas por la declaración e informe de la Intervención municipal y el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento tres cosas:
1. La irregularidad que supone la financiación de la organización a través de la subvención al grupo municipal.
2. El carácter personal, intransferible y patrimonial de las asignaciones municipales, por las que tributan los concejales.
3. La distinción entre Organización política y Grupo Municipal.
Como decía, Su Señoría ha entendido que entrar en estas cuestiones excedía las competencias del Tribunal en un procedimiento de defensa de un derecho constitucional, limitándose a juzgar el aspecto formal del proceso sancionador realizado por IU. Eso sí, dejando la puerta abierta a la consideración judicial de las mencionadas cuestiones económicas “debiendo hacerlas valer en las instancias correspondientes” en caso de que se incumplan alguna “normas imperativas de carácter nacional” y “reservando al denunciante las acciones que a tales efectos puedan corresponderle”. La sentencia y los informes de Intervención y Secretaría General están a disposición de quien lo desee.
He decidido no recurrir la sentencia. Por el desgaste personal que puede producirme seguir con esto y porque no se trata de llegar a las últimas consecuencias de un proceso contra una organización en la que he militado casi 21 años.
No quiero seguir, y menos con la que está cayendo en la política española, batallando contra unas siglas con cuya propuesta programática sigo estando básicamente de acuerdo. Aunque me sienta decepcionado de cómo se me ha tratado después de todo este tiempo. Sabía que en Jaén no iban a perdonar mi desobediencia, pero me dolió profundamente que Sevilla no reaccionara ante lo que era una injusticia manifiesta. Sí, una injusticia. Somos muy legalistas cuando nos interesa. Pero en esta organización, igual que en toda la tradición de pensamiento político emancipador, se enseñaba que cuando una ley es injusta o se aplica de manera arbitraria o injusta, lo correcto es desobedecerla.
En fin, aplicamos la diferencia entre ley (estatutos) y justicia cuando nos conviene. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice desde el inicio de la Corporación Municipal y por lo que la organización finalmente me expulsó ha sido escrupulosamente legal y volvería a hacerlo. Si he cometido algún error habrá sido en todo caso, dejarme llevar en algunos momentos por la hybris sofocleana. Es hora de volver al mesotés aristotélico.
Y, por supuesto, mi dignidad no la ponen ni quitan campañas de desprestigio mezquinas y pueblerinas en medios de comunicación y redes sociales practicadas por resentidos y/o aspirantes a no se sabe muy bien qué. Como dice Silvio Rodríguez:
…y digo que el que se presta
para peón del veneno
es doble tonto y no quiero
ser bailarín de su fiesta.
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