Concentración en la Plaza del Ayuntamiento en Defensa del Sistema Público de Pensiones

Esta concentración se lleva a cabo en el marco de la convocatoria de carácter estatal que ha promovido la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y tiene por objeto:
– Demandar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y rechazar el ridículo 0,25% de subida que el gobierno del PP viene aplicando para este año y los anteriores, provocando una constante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones públicas.
– Denunciar la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 del “Factor de Sostenibilidad”, como aberrante recurso para adaptar la cuantía del cobro de las pensiones a la esperanza de vida del pensionista.
– Recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los Presupuestos Generales del Estado.
– Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años.
– Exigir la jubilación anticipada con el 100% de la prestación, sin penalizar, con más de 40 años cotizados.
– Recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
– Pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia, eliminación del copago farmacéutico y restablecimiento de los derechos sanitarios.
– Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones.

En definitiva, reclaman pensiones para la ciudadanía que puedan garantizar una vida digna.

La comisión Huelga Feminista 8M de Linares, que ha decidido continuar su trabajo como colectivo feminista de Linares, ha apoyado y asistido a la concentración convocada por la Plataforma por la defensa del sistema público de pensiones.

Como colectivo feminista quieren visibilizar cómo el recorte de las pensiones afecta principalmente a las mujeres, con pensiones un 38% más bajas y constituyendo el 96% de las personas que cobran pensión de viudedad. Mujeres que han dedicado su vida a los cuidados de los demás, sin remuneración alguna, que ahora se ven abocadas a la inseguridad económica y muchas veces a situaciones de pobreza y de exclusión.

Esta situación se ve agravada por las reformas laborales de 2010 y 2012, que crean una brecha salarial del 23%, además de un 70% de trabajos precarios y la ausencia de medidas de conciliación que hacen incompatibles los cuidados y las aspiraciones laborales. Estos hechos constituyen una desventaja cuando se amplía el cómputo de cálculo de pensiones según la reforma. A todo esto se le une el incumplimiento del Convenio 178 de la OIT que reconoce el derecho a cobrar desempleo por parte de las empleadas domésticas.