Diez años después de abandonar su puesto de trabajo en el parque automovilístico de Santana Motor, los extrabajadores de Útiles del Sur vieron como de la noche a la mañana sus derechos reconocidos quedaban en papel mojado a raíz del Decreto Ley que regulaba las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía a distintos colectivos de trabajadores andaluces. Tres años de protestas y numerosas reivindicaciones en la calle han permitido que, poco a poco, los afectados recuperara sus derechos, a excepción de casi un centenar de afectados, los ‘excluidos’, que deberán reivindicar el cumplimiento de los acuerdos este mes de diciembre.
El último proceso judicial previsto para el restablecimiento de los derechos de estos trabajadores, que se ha venido retrasando a lo largo del último año, tendrá lugar en el Juzgado de lo Social de Jaén el próximo 21 de diciembre, busca que se reconozcan los derechos de aquellos trabajadores de Santana Motor de 2001 que se encontraban percibiendo una ayuda por su situación de incapacidad, vieron como el Decreto Ley establecía que dejaran de contabilizarse dichas ayudas y, por tanto, reducirse sus pólizas.
Así, desde la puesta en marcha del decreto ley hace tres años, estos trabajadores iniciaron entonces una reclamación judicial contra Generali, así como una demanda social contra Santana Motor por incumplir los acuerdos del Plan de Acción Social. «Con estos compañeros se ha cometido una ilegalidad porque el decreto se aplicó con carácter retroactivo. Su póliza estaba pagada en un 95% cuando se aprobó el decreto, por lo tanto, Generali no puede bloquear su pago, sino realizar esa reducción del 5%», explican desde el Colectivo de Promoción Social ’28 de febrero’, desde donde se ha asesorado legalmente a los afectados por esta situación.
Por ello, el colectivo confían en una resolución favorable para los extrabajadores de Santana y se reactive el pago de su póliza ante la irregularidad acometida por parte de Generali. De hecho, durante la espera de más de un año para la celebración de este juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado como nula la aplicación retroactiva del Decreto-ley 4/2012 de la Junta de Andalucía para la regulación de las ayudas sociolaborales a trabajadores andaluces, al entender que afecta a los derechos adquiridos por estos trabajadores.
Así, el TSJA reconoce la compatibilidad del recibo de esta prestación y cualquier otra prestación que el beneficiario pueda tener según su situación personal en tanto en cuanto considera que la aseguradora debe aportar un complemento a esa prestación a través del seguro financiado desde la Junta de Andalucía.
Sin embargo, desde el ’28 de febrero’ reconoce que esta sentencia, si bien es «muy positiva» al reconocer que no se ajusta a derecho la aplicación retroactiva de la norma, no insta a la Junta de Andalucía a efectuar el pago. «Quizás hasta que no salga la sentencia del juicio que se celebre en diciembre no actúe», reconocen desde el colectivo de exsantaneros. Irene Téllez. IDEAL.
Debe estar conectado para enviar un comentario.